La Universidad San Ignacio de Loyola puso en marcha el Consejo Consultivo de Ciberseguridad, un espacio que articula al Estado, el sector privado y la academia para enfrentar el crecimiento sostenido de los delitos informáticos en el país.
El nuevo consejo reúne a representantes del Poder Judicial del Perú, la Fiscalía de la Nación del Perú, la Policía Nacional del Perú, gremios empresariales y especialistas, con el objetivo de generar propuestas, fortalecer capacidades y promover mejores prácticas en seguridad digital.
Este espacio funcionará como un centro de análisis orientado a producir conocimiento aplicable y a diseñar soluciones tanto para el sector público como privado, en un contexto donde la amenaza digital crece con rapidez.
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, los delitos informáticos han pasado de 19 mil casos en 2021 a 45 mil en 2025. Solo en los primeros meses de 2026 ya se han registrado 9 mil denuncias, lo que evidencia la urgencia de una respuesta articulada.
En ese escenario, Raúl Diez Canseco Terry advirtió sobre el impacto que viene teniendo la inteligencia artificial en la evolución de estos riesgos. Señaló que el 94 % de los líderes ejecutivos prevé que esta tecnología será el principal motor de cambio en ciberseguridad, según lo discutido en el Foro Económico Mundial de Davos.
También recordó que el 77 % de las organizaciones ya ha incorporado inteligencia artificial en sus operaciones de seguridad digital, pero existe una brecha relevante en la formación de quienes toman decisiones. Citando a la National Cybersecurity Alliance, indicó que el 55 % de los CEO de grandes empresas no cuenta con capacitación formal en ciberseguridad.
El consejo buscará cerrar estas brechas a través de programas de formación, certificación de competencias y capacitación especializada, alineados a las necesidades reales de los distintos sectores.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó los avances en la digitalización del sistema de justicia, como la implementación del expediente judicial electrónico y la firma digital de magistrados. Señaló que estos progresos hacen aún más necesario reforzar la seguridad digital en una institución que hoy cuenta con más de 600 sedes interconectadas y miles de dispositivos en operación.
Durante la sesión de instalación, el consejo acordó desarrollar una agenda de trabajo que incluye propuestas legislativas para actualizar la tipificación de los delitos informáticos y aquellos vinculados al uso de tecnologías digitales.
Asimismo, se planteó que las primeras propuestas sean presentadas a los candidatos que participen en la segunda vuelta electoral, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la seguridad digital como política de Estado.
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