El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), trabajando con una universidad privada del Perú, aplica el concepto del valor compartido en la enseñanza superior, mostrando que la inversión en la próxima generación de estudiantes tiene sentido para la universidad y para el país.
En un país donde la pobreza todavía es demasiado común y la educación universitaria aún es demasiado exclusiva, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) del Perú es muy consciente de que el acceso a educación superior de los jóvenes significa una oportunidad para avanzar en la vida.
La demanda de enseñanza superior cobró auge en el Perú durante los años recientes, a medida que más personas fueron sumándose a las filas de la clase media emergente, un término que describe a las numerosas personas —según algunas estimaciones, más de la mitad de la población de la zona metropolitana de Lima— que han logrado liberarse de la pobreza pero aún no han obtenido una sólida posición financiera.
Para la próxima generación, uno de los peldaños más seguros en la escala de la movilidad ascendente es un título universitario, pero se trata de un escalón que permanece fuera del alcance de demasiados jóvenes y no sólo en el Perú. Entre los latinoamericanos de 20 a 24 años de edad, sólo el 49% de los varones y el 55% de las mujeres habían completado doce años de enseñanza en 2011. El BID ha comprobado que un descenso considerable del número de graduados de enseñanza secundaria guarda relación con el menor ingreso familiar. Las familias pobres tienden en mayor grado a retirar a los alumnos de la escuela a fin de que puedan incorporarse al mercado laboral. Para los que completan el ciclo de enseñanza secundaria, las universidades públicas no pueden acercarse a satisfacer la demanda y muchos estudiantes no pueden costear una alternativa privada. Entretanto, no existen virtualmente préstamos para los jóvenes que deseen cursar el primer ciclo universitario, a menos que sus familias posean propiedades que puedan ofrecer como garantía.
Cuando la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) tomó contacto con el BID para solicitar un financiamiento con objeto de ampliar su recinto, el Banco percibió la oportunidad de poner en práctica el criterio de valor compartidoen el diseño del proyecto. Junto con su plan de financiamiento, el Banco llevó a cabo una Evaluación de Valor Compartido a fin de ayudar a que la USIL definiera oportunidades de aplicación del concepto. La evaluación del Banco es un instrumento de diagnóstico cuya base es la premisa de que una empresa puede prosperar más si sus operaciones básicas se atienen a las necesidades socioeconómicas apremiantes del medio donde trabaja.
En 2011, en un artículo de la Harvard Business Review, Michael E. Porter y Mark R. Kramer arguyeron de esta manera en favor del valor compartido como un criterio de capitalismo ilustrado:
Puede definirse el concepto de valor compartido como las políticas y prácticas que incrementan la competitividad de una compañía promoviendo, al mismo tiempo, las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opera. La creación de valor compartido se concentra en la definición y expansión de las conexiones entre el progreso económico y social.
El equipo del BID especializado en valor compartido se vio ante la necesidad de identificar el caso de negocio, para que la USIL invirtiera más recursos en la contratación y conservación de segmentos no estudiados de alumnos, con un sólido historial académico y provenientes de distintos estamentos sociales.
La idea encontró eco inmediato en el director ejecutivo de la USIL, Juan Manuel Ostoja, quien describió el valor compartido como un “upgrade” del criterio tradicional de responsabilidad social empresarial la cual, a su juicio, depende excesivamente de fluctuaciones presupuestarias y de las prioridades. En una entrevista, manifestó que cuando en la médula de los negocios se insertan objetivos sociales, éstos agregan valor y tienen mayores posibilidades de sustento en el tiempo.
Fondo de Garantía para Estudiantes
Como resultado de la Evaluación de Valor Compartido, US$2 millones del financiamiento del Banco para la USIL, que asciende a US$25 millones, se destinarán al establecimiento de un fondo de garantía de préstamos y becas para estudiantes. La evaluación brindó una visión exhaustiva de la forma en que la USIL puede constituir un fondo de garantía sólido y sostenible, que favorezca sus resultados finales y, al mismo tiempo, ponga los títulos profesionales al alcance de más estudiantes.
El fondo de garantía, como inversión fundada en el concepto del valor compartido, tiene por objeto la creación de incentivos en diferentes direcciones, explicó Peter Stevenson, el oficial principal de inversiones del BID que dirigió la transacción. En el nivel más básico, el fondo de garantía ha sido diseñado para generar más préstamos y becas, a fin de colocar más estudiantes en las puertas de la universidad y de esta manera crear valor financiero para la USIL mediante la atracción de alumnos que, de otra forma, no estarían en condiciones de pagarse los estudios en una institución privada. La USIL asume el costo de endeudamiento de los recursos para el fondo de garantía y, por tal motivo, debe tomar medidas para asegurar que resulte una buena inversión.
“Es, realmente, un instrumento que motiva a la universidad para fomentar el buen desempeño de los estudiantes a los que está ofreciendo una garantía”, dijo Stevenson. “Si la universidad no hace las cosas como es debido, perderá dinero”.
Para que el fondo de garantía sea sostenible, la universidad debe asegurar que los beneficiarios completen sus estudios, encuentren buenos empleos y, en algún momento, reembolsen sus préstamos. Esto exigirá amplios servicios de tutoría y asesoramiento, porque posiblemente la mayoría de los estudiantes serán los primeros de su familia que emprendan la búsqueda de un título profesional y quizá carezcan de un firme sistema de apoyo para mantenerlos encauzados.
Por ese motivo, la USIL elaboró y puso en práctica en 2013 un vasto programa de tutoría a fin de ayudar a varios centenares de estudiantes que se habían inscrito en la universidad dentro del marco de un nuevo programa de becas financiado por el gobierno y denominado “Beca 18”. La Universidad proyecta la inversión de más recursos en ese modelo de tutoría a fin de optimizar las posibilidades de que los estudiantes respaldados por el fondo de garantía obtengan resultados satisfactorios.
El BID y la universidad consideran que, mediante la combinación de inversiones en un fondo de garantía con objeto de respaldar préstamos y becas estudiantiles, así como más recursos para servicios llamados a reducir las deserciones, es posible obtener resultados que irán mucho más allá de las aulas de la USIL. “Nuestra principal exigencia es la creación de un método satisfactorio que pueda reproducirse”, dijo Kelle Bevine, directora del equipo del BID especializado en valor compartido. Agregó que “mediante el incentivo para que la universidad invierta en la reducción de las tasas de deserción y la catálisis de capitales de terceros por medio del mecanismo de garantía, este método dual puede mejorar las tasas de graduación en la USIL y, al mismo tiempo, poner en marcha un mercado más amplio de préstamos para estudiantes que beneficie a muchos más jóvenes en todo el país”.
La USIL se prepara para poner en práctica el mecanismo, a título experimental, en 2014, con la incorporación de los primeros estudiantes en el mes de julio, a tiempo para iniciar el segundo semestre. La universidad no llevará a cabo las transacciones de préstamos estudiantiles, pero el fondo de garantía reducirá sensiblemente los riesgos para los prestamistas dispuestos. La iniciativa se dirigirá a estudiantes talentosos que estén en una situación económica desventajosa y pondrá énfasis en la promoción de la diversidad cultural y la igualdad entre los géneros.
Más que una cuestión académica
Fundada en 1995, la Universidad San Ignacio de Loyola no se caracteriza por ser una torre de marfil. Al contrario, ha puesto sus miras en la contribución a una fuerza de trabajo de alta calidad mediante la formación de las aptitudes prácticas que requiere un país en rápido crecimiento. La responsabilidad social forma parte de la identidad de la institución. En cualquier momento dado, estudiantes de la USIL pueden estar dictando cursos sobre empresariado en barriadas pobres de Lima, o puede encontrarse a profesores de la misma institución ayudando a maestros de enseñanza primaria y secundaria con la actualización de sus nociones de informática.
La misión de la USIL también hace hincapié en el empresariado, en un compromiso con el desarrollo nacional y en una perspectiva global, reforzada por medio de alianzas con universidades de otros países. El plan de estudios se concentra en disciplinas con orientación técnica y empresarial y todos los estudiantes deben alcanzar un buen dominio del inglés. Alrededor de 20% de los estudiantes de la USIL son adultos jóvenes que trabajan. Las matrículas se ciñen a una escala móvil y más de la mitad de los estudiantes recibe descuentos de 50% o más.
La USIL espera que su alumnado se duplique durante los próximos diez años, pasando de los 11.000 de hoy día, a más de 22.000. Parte del esfuerzo en tal sentido, es un plan de expansión de la infraestructura, cuyo costo asciende a US$79 millones y la modernización de sus equipos e instalaciones de investigación. (Su recinto central se encuentra en el distrito limeño de La Molina, pero la institución también tiene instalaciones en Lima Norte y en la ciudad andina de Cusco.)
El préstamo de US$23,5 millones del BID contribuirá a la expansión, ayudará a que la USIL refinancie su deuda actual, respaldará el plan de la universidad para obtener su acreditación internacional y establecerá el fondo de garantía. El financiamiento incluye un préstamo adicional de hasta US$1,5 millón del Fondo Canadiense para el Cambio Climático para el Sector Privado de las Américas, que administra el BID, que le permitirá a la USIL modernizar sus instalaciones a fin de ajustarse a las normas medioambientales más exigentes y convertirse en la primera universidad del Perú con acreditación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design – Liderazgo en diseño energético y ambiental).
Gran parte del crecimiento que tuvo la universidad durante los años recientes obedece al aumento de los estudiantes que provienen de la clase media emergente. La inscripción de estudiantes de ese grupo socioeconómico se duplicó con creces durante los últimos años, pasando de 17% a 37%. Un caso típico es el de un estudiante cuyos padres o abuelos emigraron hace varias décadas desde un paraje rural del Perú a los suburbios de Lima, para ganarse la vida en empleos de baja categoría y mal remunerados y que ahora, a costa de un gran sacrificio personal, pueden pensar finalmente en mandar a un miembro de la familia a la universidad como forma de invertir en el futuro.
Aunque esto representa un progreso considerable —la enseñanza superior sigue fuera del alcance de unos siete de cada diez jóvenes peruanos, según el director ejecutivo de la USIL— muchos de esos estudiantes tropiezan con dificultades financieras. Si un padre pierde su empleo o se presenta un gasto imprevisto, es posible que el estudiante deba abandonar la universidad. Ostoja dijo “quisimos ser pioneros en el Perú”, invirtiendo en ayuda para que los estudiantes puedan costearse una educación “no como banco, pero triangular el financiamiento”.
La mayoría de los universitarios del Perú cursa sus estudios en instituciones privadas. Crece el número de jóvenes que completan sus estudios secundarios y también el de las empresas que buscan mano de obra capacitada, pero el sistema universitario público no ha podido satisfacer la demanda. Según datos publicados por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú, en 1996 las universidades privadas albergaban a 40% de los estudiantes universitarios del país y esa proporción había aumentado a alrededor de 60% en 2010. En el nivel del primer ciclo, las universidades privadas crecieron tres veces más rápido que sus contrapartes públicas.
Entretanto, la calidad de la enseñanza en todos los niveles y sus implicaciones para el futuro del Perú, se han convertido en un tema de preocupación creciente para los educadores, políticos de todos los sectores, dirigentes empresariales y ciudadanos en general. Un motivo de preocupación ha sido el mal desempeño de los estudiantes secundarios peruanos en las recientes pruebas PISA —una referencia denominada Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (Programme for International Student Assessment –PISA), que mide el desempeño de estudiantes de quince años de edad de todo el mundo en matemáticas, lectura y ciencias. Los ocho países latinoamericanos que participaron en las pruebas de 2012 se clasificaron en el 25% inferior.
En medio del debate nacional en torno a la educación, el gobierno peruano estableció el programa Beca 18, que brinda a los mejores alumnos de escuelas públicas provenientes de los segmentos más desaventajados de la sociedad, la posibilidad de usufructuar becas universitarias completas, además de viáticos, a cambio del compromiso de trabajar en el sector público por espacio de tres años después de recibirse. Beca 18 se ha concentrado en sectores concretos, como la ingeniería, en los que el país tiene necesidades más apremiantes de graduados universitarios. Durante el primer año, el programa otorgó becas a unos cinco mil estudiantes de todo el país.
“Este gobierno está realizando una inversión importante en la educación”, dijo Carmen Blázquez, Decana de Educación y Humanidades de la USIL. Describió el programa Beca 18 como “la luz al final del túnel” iluminando el camino que debe tomar el país para ampliar las oportunidades e imprimir un carácter más inclusivo a la enseñanza superior.
En 2013, primer año de funcionamiento completo del programa, la USIL aceptó alrededor de 600 becarios. Blázquez dijo en una entrevista que los alistadores de la USIL habían viajado hasta parajes remotos de la Amazonia y de los Andes para detectar a los estudiantes más promisorios elegibles para usufructuar el programa Beca 18. “El talento está en todas partes”, dijo. “El talento está en la genética”.
Como resultado del programa de becas del gobierno, la USIL está acogiendo más estudiantes de los escalones económicos más modestos del país, incluyendo muchos de zonas rurales e indígenas —un paso importante hacia la consecución de los objetivos de extensión de la universidad. “Este país es multicultural, multilingüe y multirracial. Esto es un reflejo del Perú”, dijo Blázquez, que considera la mayor diversidad cultural como una “un orgullo para mí como como educadora y como peruana”.
Un firme compromiso
Para maximizar las posibilidades de que los beneficiarios del programa Beca 18 obtengan buenos resultados, la USIL contrató docenas de tutores a fin de apoyar a los becarios en el aspecto académico y otros, durante el año lectivo. Cada tutor está a cargo de 17 estudiantes, a los que imparte instrucción colectiva e individual para suplementar la enseñanza que reciben en el aula y, además, les ayuda a subsanar algunas de las deficiencias de calidad de la instrucción que hayan recibido en los ciclos de primaria y secundaria. Muchos estudiantes están alejados de sus familias y por tal motivo los tutores también tratan de asegurarles que dispongan de una vivienda adecuada, controlen las presiones de la vida en la ciudad e, inclusive, que se alimenten en forma apropiada.
A fines de 2013, al cabo del primer año completo del programa, el número de estudiantes del programa Beca 18 en la USIL había disminuido de 603 a 565. Algunos desertaron, otros fracasaron en un curso o, en un pequeño número de casos, debieron abandonar los estudios por razones de salud. Si bien esta pérdida de 6,3% representa menos de la mitad de la tasa normal de deserción entre estudiantes del primer año, Blázquez dijo que no se sentía satisfecha y que había iniciado un proceso de ajustes en el programa de tutoría. “Es muy doloroso que un alumno pierda una beca”, dijo.
La USIL desarrollará su actual plataforma de tutoría, incorporando las lecciones que sigue aprendiendo de la experiencia del programa Beca 18, con la aspiración de que ningún estudiante cubierto por el nuevo fondo de garantía abandone sus estudios. El BID y la USIL concuerdan en que la clave para que el nuevo fondo rinda el resultado debido será la destreza con que la universidad controle la tasa de deserción de los alumnos beneficiarios de préstamos o becas garantizados.
En el Perú, generalmente el ciclo de enseñanza universitaria dura cinco años, dedicándose los dos primeros a estudios generales y los tres restantes a la carrera que elija el estudiante. Las mayores posibilidades de que un estudiante deje la universidad se dan durante el primer semestre, según Henry Barclay, que dirige el Centro de Evaluación y Desarrollo de la USIL. El centro observa el desempeño de los estudiantes y procura detectar los problemas lo antes posible, a fin de brindar oportunamente orientación académica o asistencia de otra clase. Entre los estudiantes que llegan a su tercer año en la USIL, las posibilidades de deserción disminuyen significativamente, hasta llegar a los guarismos más bajos de un solo dígito.
La universidad invertirá en el fortalecimiento del Centro de Evaluación y Desarrollo, a fin de asegurar que los estudiantes respaldados por el fondo de garantía reciban atención y apoyo suficientes, según el director ejecutivo Juan Manuel Ostoja. Con el tiempo, a medida que la USIL adquiera más experiencia en la reducción de las tasas de deserción, podrá aplicar sus conocimientos en la materia para beneficiar a todos sus estudiantes.
Una razón por la que el proyecto de la USIL reviste especial atractivo para el BID es la oportunidad que ofrece de incorporar a la universidad, de mejor manera, más estudiantes vulnerables, dijo Judith Morrison, asesora principal de la División de Género y Diversidad e integrante del equipo de valor compartido del Banco. “Esperamos que, gracias a la aplicación del criterio de valor compartido del BID, la USIL incremente el número de estudiantes indígenas, afro peruanos y mujeres, meritorios y bien calificados, que de otra forma no podrían asistir a la universidad debido a las presiones financieras externas y a la exclusión social. Aplaudimos el compromiso de la USIL de incorporar estudiantes promisorios de primera generación a programas académicos exigentes en toda la universidad”.
Más allá de la USIL, el fondo de garantía tiene también potencial para fomentar un mercado más amplio de préstamos estudiantiles. A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en el Perú no había virtualmente opciones financieras para estudiantes del primer ciclo universitario que no contaran con garantías, pues los bancos consideraban esos préstamos excesivamente riesgosos, dijo Stevenson, el oficial de inversiones del BID. Si bien el gobierno peruano está configurando un programa de préstamos estudiantiles, la iniciativa de la USIL puede tener un efecto positivo en el mercado de financiamiento del sector privado. “Si funciona bien, puede ser algo que genere interés en la concesión de préstamos a estudiantes”, dijo Stevenson.
El proceso de evaluación
El anteproyecto del fondo de garantía fue un producto de la Evaluación del Valor Compartido, el nuevo instrumento del BID para optimizar la creación de valor en sus actividades con clientes del sector privado. Para completar la evaluación, el Banco contrató a la firma consultora internacional Deloitte a fin de que prestara asistencia al equipo del BID para llevar a cabo una evaluación exhaustiva, que se extendió a lo largo de varios meses de 2013. El proceso incluyó entrevistas con personal clave de la universidad, funcionarios del gobierno y otros interesados, como potenciales proveedores de préstamos estudiantiles. El equipo también se reunió con un grupo de becarios de Beca 18 o beneficiarios de becas de otra clase, para recabar sus opiniones acerca de los aspectos positivos de sus programas y posibles mejoras.
Una vez que el equipo hubo reunido los datos pertinentes, el paso siguiente del proceso de evaluación fue la realización de un análisis pormenorizado de costos y beneficios, con base en distintos supuestos. La evaluación incluyó una variedad de factores a fin de sopesar los posibles riesgos y resultados, como el número de estudiantes que podría atraer el nuevo programa, el número de tutores y mentores necesarios y costo de sus servicios y las distintas hipótesis de tasas de deserción.
El rigor de la Evaluación del Valor Compartido del BID, reside en la definición y estructuración de inversiones sostenibles a largo plazo, una característica que distingue las inversiones con valor compartido de las actividades tradicionales de responsabilidad social empresarial. Para asegurar la sostenibilidad del fondo de garantía era necesario mantener los riesgos dentro de un margen manejable porque, en definitiva, cuanto mayor sea el número de estudiantes que no finalicen sus estudios o no puedan reembolsar sus préstamos, más rápido se agotará el fondo.
Por consiguiente, el fondo de garantía se estructurará con un criterio conservador y su capital respaldará un número relativamente pequeño de préstamos. Los prestamistas comerciales que se asomen a este nuevo mercado tendrán la seguridad de que el fondo —que será administrado por un fideicomiso— puede cubrir la vasta mayoría de sus obligaciones. La idea es que, con el tiempo, una vez que la universidad constituya un historial y demuestre una reducción sostenida de las tasas de deserción y pagos del fondo de garantía, incrementando la confianza de los prestamistas garantizados, el fondo podrá iniciar una multiplicación de sus recursos, movilizando préstamos y becas por un monto superior al de su capital de reserva.
La Vicepresidente de Finanzas de la universidad, María Julia Garay, dijo que, esencialmente, el fondo de garantía habilita a la USIL para asegurar a los prestamistas que si están dispuestos a apostar por un estudiante, “yo lo que garantizo es que ese alumno va a terminar la carrera”. En el peor de los casos —quizá el estudiante no pueda adaptarse a la vida en Lima, o se interponga una crisis familiar— la institución prestamista recibe de vuelta la mayor parte de su dinero. Según quien sea el prestamista, los estudiantes dispondrán de distintos períodos de gracia, después de su graduación, antes de iniciar el reembolso de los préstamos, así como de distintos plazos para completarlo.
Además de los préstamos, la universidad proyecta la creación de veinte becas por año para estudiantes talentosos provenientes de los grupos más vulnerables desde el punto de vista económico. Las becas tendrán el financiamiento conjunto de una rama sin fines de lucro de la USIL y donantes privados, cuya porción tendrá respaldo del fondo de garantía en caso de incumplimiento. La universidad espera que, en algún momento, persuada a más empresas para que ofrezcan subvenciones de contrapartida con el respaldo del fondo de garantía, a fin de crear más becas e invertir en la reserva de talentos del Perú. “Vamos a tener que tocar puertas porque necesitamos que más empresas se unan a esta forma de operar para invertir en nuestra fuerza laboral del futuro”, dijo Garay.
Entretanto, en lo atinente a los préstamos, la USIL ha negociado acuerdos con prestamistas, incluyendo organizaciones con afiliación bancaria, para ofrecer préstamos educacionales a estudiantes del primer ciclo universitario. La propuesta de valor que plantea la universidad consiste en la cobertura de distintos porcentajes del riesgo, dependiendo de factores como la situación económica de los estudiantes o si ya llevan cierto tiempo estudiando en la universidad.
“Las instituciones obviamente quieren el menos riesgo posible”, dijo Garay. Algunas financiarán un préstamo recién después que el estudiante haya completado los primeros semestres, cuando el riesgo de deserción haya disminuido. En esos casos, la USIL podría ofrecer una beca hasta que el estudiante sea elegible para recibir un préstamo.
Para reducir los riesgos y evitar el agotamiento del fondo de garantía, el proceso de selección de los estudiantes debe ser riguroso y el sistema de apoyo, una vez que estén en la universidad, debe ser firme. Los beneficiarios se escogerán sobre la base de una combinación de factores, a saber su rendimiento académico, sus necesidades económicas y el liderazgo comunitario, y deberán ser aprobados por un comité integrado por representantes de la universidad y de las instituciones prestamistas.
Garay, como otros funcionarios de la universidad, espera que el fondo de garantías intensifique la competencia entre universidades, prestamistas e instituciones públicas, determinando que más estudiantes tengan posibilidades de acceso a la enseñanza superior. “Lo que queremos, como país, es que realmente se incentive los estudios”, manifestó.
Beneficios menos tangibles
Para la USIL, la Evaluación del Valor Compartido generó beneficios que van más allá del fondo de garantía, ayudando a la universidad a definir más claramente sus prioridades y los aspectos que pueden mejorarse, según Diego Castrillón, que trabaja en una firma de pronósticos económicos afiliada a la USIL y que ofició como jefe del enlace con el equipo BID-Deloitte. El proceso de evaluación “nos ayudó aterrizar mucho de eso”, dijo. “Ese tema ha sido muy enriquecedor para nosotros”.
Si bien la universidad se concentra ahora en el debido funcionamiento del fondo de garantía, Castrillón está convencido de que éste no será su único emprendimiento relacionado con el valor compartido. Como economista, aprecia la perspectiva pragmática del valor compartido de “alinear incentivos”, agregando que la USIL estudiará otras formas de acrecentar los beneficios sociales y económicos.
Durante los años recientes, la comprensión de la responsabilidad social por parte de la USIL ha evolucionado, dijo Castrillón, y la universidad ha buscado formas de agregar valor social en un nivel más profundo, partiendo de su potencial particular, en lugar de actuar simplemente conforme a un criterio “asistencialista”. Añadió que el concepto del valor compartido se sustenta en el deseo de llevar a cabo un cambio sostenible.
Castrillón cree que el método también encontrará eco entre los estudiantes, agregando que hoy día, en el Perú, los jóvenes son más conscientes que los de su generación acerca de la necesidad de contribuir a la sociedad de manera real y duradera. Manifestó que muchos estudiantes, inclusive los que no necesiten realmente un préstamo o una beca, observarán lo que está hacienda la USIL y dirán “yo quiero estar allí.”
Un rostro de la próxima generación del Perú
Lesli Patricia Pinedo Velásquez es la clase de estudiante que cualquier universidad adoraría que frecuentara sus aulas. Pinedo, una becaria de 17 años que cursa estudios en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), tiene sus miras fijadas firmemente en un diploma en ingeniería empresarial, disciplina enfocada en la forma de mejorar las operaciones de las empresas.
Como primogénita y primera persona de su familia que llega a la Universidad, Pinedo comprende que para su familia ella es un motivo de “orgullo y también de esperanza”. Su madre, “la columna vertebral de la casa”, siempre recuerda a Lesli que debe ofrecer un buen ejemplo a sus dos hermanas menores, para que algún día lleguen a ser profesionales.
Pinedo ingresó a la USIL en 2013, como parte de la primera oleada de estudiantes del programa Beca 18 del gobierno. Estaba mejor preparada para la universidad que muchos de sus compañeros porque había asistido a la Escuela de Talentos, una institución pública de enseñanza secundaria concebida para ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecida y con uso intenso de tecnología, a estudiantes aventajados de Callao, una provincia de la zona metropolitana de Lima.
A pesar de su nivel de preparación, no siempre es fácil hacer frente a todo —Pinedo aún vive con su familia, a más de dos horas de autobús de la universidad— pero agradece la oportunidad y el apoyo que recibe. Se describe, con una risita ligeramente cohibida, como integrante de la clase media emergente del Perú y está resuelta a poner en marcha su propia empresa algún día. Ese objetivo, dijo, la mantendrá trabajando empeñosamente en la USIL a fin de conservar su beca.
“No por nada del mundo se me escapa esta oportunidad de mis manos”.