RAÚL DIEZ CANSECO TERRY

Hasta mayo de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 189 protestas mineras en diferentes regiones del país, muchas de ellas vinculadas a temas de contaminación, falta de inversión y desarrollo. A todo ello, este año se sumó la crisis producto de la pandemia por el coronavirus.

Frente a este escenario, la Universidad San Ignacio de Loyola convocó a especialistas y empresarios vinculados a este sector para analizar las posibilidades de una convivencia armónica entre la minería y la agricultura, y realizó el foro virtual “Minería responsable más allá del COVID-19”.

Una de las conclusiones de este foro es que la minería y la agricultura son perfectamente complementarias, porque ambas necesitan del agua para su desarrollo; por ello, es importante una alianza estratégica entre el Estado, la empresa minera y la comunidad para ejecutar proyectos sociales que contribuyan al bienestar de la población.

El 2019, el 61% de nuestras exportaciones fueron productos mineros, principalmente cobre y oro, que sumaron un total de 26,500 millones de dólares; mientras que la agroexportación representó el 13%. Sin embrago, hay que considerar que la agricultura abarca el 30.1% del territorio nacional y cuenta con 2.2 millones de productores agrarios en todo el país, donde el 99.4% son personas naturales y el 83% se dedica a la agricultura familiar.

Explicaron que en los últimos diez años el exceso de burocracia ha hecho que la regulación se multiplique por nueve, tal es así que en el 2006 podrían implementar una mina desde cero en dos años, pero a la fecha solo en licencias demoran entre dos a tres años, lo cual perjudica el desarrollo de las empresas formales y al Estado porque retrasa los aportes que se pueden generar para ofrecer servicio de calidad y la construcción de infraestructura, etc.

Al inaugurar el evento, el fundador presidente de la USIL, Raúl Diez Canseco Terry, indicó que la agrominería debe traducirse en identificación de actividades productivas en las zonas de influencia, soporte en asistencia técnica efectiva y capacitación ad-hoc, normalización productiva, fomento de la asociatividad, y encadenamiento con el mercado local y externo.

Sostuvo que la minería puede y debe ser el aliado natural de la agricultura y la ganadería y que el reto del país es ser, además de mineros, ambientalmente sostenible y socialmente responsables, por lo que propuso ejecutar proyectos de inversión que promuevan la agricultura de exportación, reformular la distribución del canon de manera que el 80% se invierta en la región de producción, crear fondos concursables y cadenas de valor, formalización y titulación de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, y generar alianza público-privado-académica para desarrollo de capacidades en gobiernos regionales y municipales.

El director del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Juan Luis Kruger, mencionó que los proyectos mineros pueden marcar la diferencia en la capacidad que tenga el país para reducir la pobreza y enrumbarse a un desarrollo sostenible, por lo que necesitamos ser competitivos para atraer inversiones a largo plazo.

Indicó que para tener proyectos mineros exitosos que contribuyan con el desarrollo del país se debe contar con buenos yacimientos, recursos humanos competentes, acceso a financiamiento, reglas claras, estado de derecho estable, licencia social y generar valor compartido.

Para ello, dijo que se debe tener un marco institucional que fortalezca los acuerdos sociales, priorizar la reducción de la brecha en servicios básicos, promover la inversión pública en infraestructura, reestablecer el estado de derecho y reducir la burocracia.

En los últimos diez años hemos tenido inversiones por más de 59 mil millones de dólares, generado más de 76 mil millones de soles en contribuciones al Estado en impuesto a la renta, regalías y gravamen, y 39 mil millones de soles en canon que ha sido distribuido entre todas las regiones. De ese canon, solo se ha gastado el 65%, donde el segundo rubro de gasto es planeamiento, consultorías, que no son inversión social, añadió.

De igual forma, la vice president Corporate Affairs en Minera Cerro Verde S.A.A., Julia Torreblanca, comentó las inversiones realizadas en la región Arequipa para la construcción de presas de aguas y una planta de tratamiento de aguas servidas, en coordinación con el gobierno regional y la licencia social de las comunidades. Explicó que estas inversiones han permitido recuperar el río Chili y, por siguiente, su repoblamiento natural con fauna propia de la zona.

Para Raúl Farfán Amat y León, senior director for external relations en Newmont Mining Corporation, uno de los problemas para las inversiones son los intereses ajenos a las regiones. Por ejemplo, dijo que, en Cajamarca, en los últimos 27 años, se han generado 4 mil millones de dólares de canon minero, lo cual se contrapone con el desarrollo de la región por la incapacidad o intereses políticos de las autoridades para ejecutar inversiones.

Mencionó que, en muchas comunidades, antes de la llegada de una minera, solo tenían agua durante tres o cuatro meses, pero con la construcción de embalses y canales de irrigación ahora tienen agua todo el año, por lo que afirmó que el impacto es significativo y si a esto se suma el apoyo del gobierno nacional y local, a través de los recursos del canon, se puede avanzar más en el desarrollo de las comunidades.

Finalmente, Lebaux Mulder, CEO de Expectra Global, comentó que las mineras han tenido que repensar su estrategia para llegar a la población y ver el potencial que tienen las comunidades, así como redefinir su participación en la ejecución de los proyectos para mejorar la infraestructura, inversión en bienestar de los mineros y de la población, en educación y entretenimiento, salud y seguridad en minas y casas, en capacitación, etc.