La víspera del día en que tuvimos la sesión de trabajo con la Comisión de Constitución del Congreso, las hordas criminales habían asesinado a un popular cantante de cumbia de Armonía 10, Paul Flores García, “Russo”.
El ambiente en el primer poder del Estado era tenso, crispado. Los medios de comunicación buscaban en el Hall de los Pasos Perdidos expresiones de condena y respuestas: ¿qué hacer frente a la barbarie que extorsiona a pequeños comerciantes y bodegueros, asalta a transeúntes y ahora mata a nuestros artistas?
La agenda con la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi, que contó con la presencia del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, tenía dos puntos concretos: reformas electorales y seguridad ciudadana. Las circunstancias obligaron a cambiar el orden de las presentaciones. Fue entonces cuando, en una de mis intervenciones, señalé:
“¿Es que acaso el Perú solo funciona con golpes militares, con tiranías? Yo pienso que no. Hay un poder acá; úsenlo, pero para hacer cosas buenas por el país, porque el Perú se nos está yendo de las manos. Censuren a quien tengan que censurar porque esto no da para más. ¿O están esperando que maten a un parlamentario en la puerta del Congreso para darse cuenta de la gravedad de la situación por la que pasamos?”.
Fueron frases duras, espontáneas, pero sinceras. “El último eslabón que le queda al país es el Congreso”, agregué. Días después hemos tenido una marcha que unió a artistas y a su pueblo, reclamando su derecho a salir a trabajar y regresar a sus casas a salvo. Debemos escuchar su voz y pasar del miedo a la acción.
La seguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos. La población no se siente protegida por las instituciones encargadas de combatir el crimen. Esa es la verdad. Una encuesta de Ipsos en febrero de este año indica que el 63 % de los peruanos considera que la seguridad ha empeorado en el último año, lo que evidencia el deterioro del orden público.
En ese escenario, hay dos delitos que han venido creciendo y que han motivado la respuesta ciudadana, debido a que afectan a emprendedores de micro y pequeñas empresas: la extorsión y el sicariato. Para muchos ciudadanos, salir de casa sin miedo y regresar sanos y salvos se ha convertido en un desafío.
El crimen organizado no solo afecta la confianza ciudadana, sino también la de los inversionistas, debilitando la economía. Sin inversión, el país pierde ingresos y oportunidades para financiar programas sociales, generando un círculo vicioso de pobreza e inseguridad. Por eso, es importante combatir el crimen. La paz es desarrollo.
Esta es una de las razones por las que, desde “Peruanos de Estado”, consideramos importante presentar al Congreso iniciativas legislativas que regulen y penalicen con mayor rigor los delitos que más preocupan actualmente a los peruanos y que hoy han cobrado una nueva dimensión: extorsión y sicariato.
En el pasado, el país no presentaba niveles tan altos de crimen organizado ni veía con frecuencia asesinatos por encargo.
Las organizaciones criminales en el Perú han evolucionado hasta convertirse en redes altamente estructuradas que combinan diferentes delitos para maximizar su poder y control, y competir con bandas criminales extranjeras. La combinación del sicariato con la extorsión permite que estas organizaciones delictivas operen con mayor eficacia, generando un clima de terror que paraliza a la sociedad.
Un punto crítico es la regulación y el control del acceso a armas de fuego. Muchas bandas delincuenciales obtienen armamento de manera ilegal, lo que les permite operar con impunidad. Un control más estricto sobre la tenencia y comercialización de armas reduciría significativamente su poder de acción.
También hemos propuesto designar a un “zar de lucha contra la extorsión” que asuma las funciones de fiscal ad hoc para enfrentar este delito, previa declaración del estado de emergencia, algo que ya se ha implementado.
La designación de este “zar contra la extorsión” debería estar a cargo del Congreso, a partir de una terna presentada por una comisión especial integrada por un representante del Tribunal Constitucional, uno de la Corte Suprema y otro de los colegios de abogados del Perú.
Su competencia sobre los delitos de extorsión, secuestro y sicariato debe incluir un proceso especial sumario que permita el juzgamiento eficaz de los acusados. Cambios de este tipo requieren necesariamente la aprobación de leyes especiales por parte del Congreso de la República.
Por eso, en aquella reunión les dije: “Señores congresistas: usen su poder, pero para el bien del Perú”.
Publicado en Expreso, 25 de marzo de 2025
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el congreso tiene que aprobar leyes mas estrictas a contra la delicuencia,,extorsion y sicariato y que los culpables les den penas mayores a 25 años y nunca salgas de los penales del pais.
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