Cuando pensábamos que lo peor de la oscuridad democrática que vivimos había llegado a su fin con el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y la inmediata activación de la sucesión constitucional, el país nuevamente se ve empujado hacia una pesadilla de la que no podemos despertar.
Pero, separemos la paja del trigo.
Una cosa son las fuerzas retrógradas, antidemocráticas, levantadas en diversas regiones del país -rumbo a Lima- que llaman a sus bases a un estado de rebelión y nueva asamblea constituyente, y otra muy distinta el 80 % de la ciudadanía que en todas las encuestas se pronuncia por un adelanto de las elecciones y “que se vayan todos”.
Ambos sectores deben ser abordados políticamente, con absoluta cabeza fría, de lo contrario, la sucesión democrática que acaba de inaugurar la presidenta Dina Boluarte será inviable.
Para el primer grupo de “rebeldes” -entre los que se encuentran políticos, prefectos y subprefectos que azuzan a las organizaciones sociales-, está la justicia y la ley para procesarlos.
Para el segundo grupo, lo más sensato es lo que acaba de anunciar la presidenta Boluarte: adelantar las elecciones y trabajar una agenda de reformas constitucionales necesarias para reencaminar el país.
A Valentín Paniagua le tomó ocho meses desarrollar un gobierno para ordenar la economía, recuperar la confianza y organizar un proceso electoral transparente que permitió colocar las bases del periodo democrático más largo que hemos tenido en toda la República.
Pero, es claro que no hay otra salida que volver a las urnas y empezar todo de nuevo. La primera medida del gabinete Boluarte debe ser pacificar el país convocando a un diálogo en el que participen la Iglesia, como mediadora, los partidos políticos, las organizaciones sociales y las autoridades regionales electas.
La salida ordenada implica reformas sustanciales en la Constitución como: incorporar la causal de corrupción en el Art. 117, eliminar el voto preferencial, restablecer la reelección parlamentaria y volver al Congreso bicameral, por solo mencionar algunas.
Debemos entender que la crisis política no ha terminado. Castillo se suicidó políticamente cuando tenía el 25 % de popularidad a nivel nacional y algunos puntos más en el sur del país. Sus seguidores se sienten frustrados, dolidos, exaltados, por el salto al vacío que consumó su líder y salen a protestar. Eso es una cosa, pero otra muy distinta, repito, es atentar contra los bienes públicos y privados.
El Gobierno debe encontrar una salida a la crisis política. No podemos permitir que este pequeño grupo de revoltosos nos lleve al despeñadero del caos y la asamblea constituyente. La gobernabilidad tiene un límite cuando se asienta solo en la legalidad sin afirmar la legitimidad.
Urge atender las necesidades ciudadanas, pero, antes que todo, se debe devolver el orden y la paz social al país. Y esto se consigue si, con franqueza, el Gobierno se pone un plazo realista y acuerda una agenda concreta de reformas mínimas. La sensatez política recomienda arribar a un consenso para una salida democrática.
Artículo de opinión publicado en Expreso, 13 de diciembre de 2022