No era (ni es) posible enfrentar ninguno de los modernos desafíos globales y locales sin la participación activa de los jóvenes del Perú. Seguimos creyendo que la mejor respuesta a los retos de nuestros tiempos son políticas públicas que consideren a los jóvenes como actores de los procesos de crecimiento y desarrollo.
En los jóvenes se encuentran los sueños, la audacia, el sacrificio y la fuerza para la gran tarea de las transformaciones pendientes en el Perú del siglo XXI. En cuerpo, alma y espíritu también yacen en ese potencial segmento poblacional la actitud de cambio y la visión de futuro.
En ese sentido, el año 2001 se creaba el Consejo Nacional de la Juventud, con rango de ministerio y dependiente directamente de la Presidencia.
Luego fue muy grato, como fascinante por su envergadura y convocatoria, realizar el trabajo encomendado de crear y de hacer funcionar el Conaju, el mismo que fue diseñado no sólo para ser un espacio de y para jóvenes, de participación y concertación de cara al futuro, sino, sobre todo, para liderar el proceso de cambio de las políticas de Estado –y de los gobiernos- respecto a la juventud peruana que constituye la esperanza y promesa de nuestra nación.
De allí que, pusimos en acción a decenas de técnicos y profesionales, provenientes de instituciones de vanguardia, nacionales y extranjeras, que dieron lo mejor de sí, derrochando energía e inteligencia, para edificar un sistema llamado a abordar la problemática juvenil y dar respuesta oportuna a las aspiraciones de los jóvenes peruanos.
En sus primeros años, el Conaju sacó a flote el sistema. La visión que se tuvo, entonces, fue la de un organismo promotor de la participación juvenil, a fin de integrar capitales humanos y sociales, intelectuales y técnicos, para promoverlos desde el Estado en aras de una juventud escultora de su propio destino y hacedora de su Nación.
No obstante, a comienzos del XXI, los jóvenes peruanos se desenvolvían en un escenario político y económico poco favorable para el desarrollo de sus actividades. Mientras las turbulencias sociales no aseguraban estabilidad política para crear las condiciones de despegue económico, el mercado laboral no cubría las expectativas de trabajo de más de 350 mil jóvenes que cada año se incorporaban a la PEA.
El Conaju fue diseñado como organismo público descentralizado, con autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestal, y se instituyó con independencia de criterio y como puente entre el Estado y la sociedad civil.
Se concibió además para ser un ente sistémico, integracionista, basado en una visión prospectiva de largo plazo y en un enfoque de fortalecimiento de capital humano y social.
Así, en julio de 2002 el Gobierno promulgó la Ley 27802 que le otorgó vida y cuerpo, a través de tres instancias: la Comisión Nacional de la Juventud, el Consejo de Participación de la Juventud y el Comité de Coordinación del Conaju, integrado por cuatro representantes de la juventud acreditados por el Consejo de Participación de la Juventud.
Con su implementación y desarrollo, los jóvenes contaban por primera vez en su historia con un organismo que los representase en el más alto nivel del Poder Ejecutivo. La perspectiva fue clara: incluir a los ciudadanos jóvenes en los estamentos de la vida política nacional.
Tomado de Gestión de Estado. Raúl Diez Canseco Terry, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, 2010.