RAÚL DIEZ CANSECO TERRY

Por Raúl Diez Canseco Terry*

En la esfera económica, a lo largo de mi vida he experimentado etapas de recuperación y crecimiento económico, pero también crisis financieras, modelos que se sucedían uno tras otro sin hallar la fórmula perfecta para satisfacer a todos.

En el caso de América Latina, por un momento parecía que la sustitución de importaciones era el camino que necesitábamos para encaminarnos hacia el desarrollo, pero enseguida nos dimos cuenta de que no basta hacer empresa si antes no tienes productos o servicios adecuados para el mercado. Ni siquiera el Estado puede controlar esa dinámica.

En el aspecto social, a inicios de los 90, el mundo parecía estar uniéndose y pensábamos que la Guerra Fría había acabado. Los países se volvían más interdependientes económicamente. La internet estaba a punto de fomentar las comunicaciones a nivel mundial. Había una convergencia global en torno a un conjunto de valores universales: la libertad, la igualdad, la dignidad de la persona, el pluralismo y los derechos humanos.

Los países de todo el planeta admirarían el éxito de las democracias occidentales y tratarían de imitarnos. Era una visión optimista de cómo evolucionaría la historia, una visión de progreso y convergencia. Esa visión, por desgracia, no corresponde al mundo en el que hoy vivimos.

En la actualidad, la democracia como sistema político padece una lesiva crisis de confianza y de valores. Los liderazgos globales se debilitan. Los políticos, pero también las élites empresariales y sociales, desfallecen, pierden la capacidad de generar consenso frente a la ciudadanía.

La consecuencia es que pasamos a erigir gobiernos populistas, de derecha o izquierda, que terminan por afirmar el liderazgo individualista, cuando no el personalismo absoluto como sello de poder.

Según Moisés Naim –quien cree con preocupación que el sistema democrático podría desaparecer– el 70% del mundo tiene hoy experiencias de gobierno autoritario. La primera señal de que el sistema no andaba bien ocurrió el llamado lunes negro del 15 de setiembre de 2008. La declaratoria en bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers derrumbó los índices bursátiles, y el sistema financiero colapsó.

Muchos bancos se declararon en quiebra, fueron intervenidos por los gobiernos o terminaron absorbidos por otras entidades. Los hombres de traje y corbata de las principales entidades bancarias aparecieron en los noticieros, luego en los tribunales de justicia, para finalmente terminar entre rejas.

Las consecuencias de la debacle económica se originaron en Nueva York, pero sus efectos, producto de la globalización, se sintieron en todo el planeta.

De acuerdo con el informe del Banco Mundial (BM) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se perdieron 27 millones de empleos.

A diferencia de otros países de la región, el Perú contaba con un nivel de reservas elevado que le permitió aminorar el impacto de la salida de capitales, y ese año tuvo un crecimiento espectacular de 9,84% –venciendo la primera ola de la crisis internacional– y logró superar las secuelas de la misma. Con altibajos, la economía siguió avanzando.

«En este contexto sombrío para millones de personas en el planeta, será crucial que países en vías de desarrollo inviertan en mejorar sus servicios de salud y educación para volver a encontrar el paso perdido durante la pandemia».

Superada la crisis económica, el mundo se reacomodó. Hasta que una nueva crisis se gestó para recordarnos que nada dura para siempre.

A fines de 2019, nadie presagiaba la dramática situación que atravesaría la humanidad hasta hoy. El Perú miraba con optimismo su futuro económico. El producto interno bruto (PIB) cerraría en 2019 con un crecimiento de 2,4%, y para 2020 se proyectaba una tasa de 2,9%. Sin embargo, el mundo cambió repentinamente en los primeros meses de 2020 y se situó ante el abismo de otra recesión generada por una crisis sanitaria global.

La pandemia de la COVID-19, iniciada en Wuhan a fines de 2019 y que subsiste con olas sucesivas, causó millones de muertes, cientos de miles de pérdidas de puestos de trabajo, quiebras de empresas y negocios, así como cierres de escuelas.

El Perú, desprotegido en muchos aspectos –entre ellos en su sistema de salud–, tuvo el mayor número de fallecidos por cada 100 mil habitantes. La respuesta de los gobiernos incluyó una combinación de diversos tipos de subsidios económicos para ayudar a las personas y empresas afectadas por el aislamiento y la inmovilización social obligatoria dispuestos por la crisis de la COVID-19.

Estas medidas, como la transferencia de efectivo o bonos a los hogares, el otorgamiento de garantías para la continuidad en la cadena de pagos para las empresas (programa Reactiva Perú), los periodos de gracia en los reembolsos para gran parte del sector privado y una amplia tolerancia en la aplicación de las normas contables y regulatorias para muchas instituciones financieras mitigaron en parte el impacto de la crisis.

No obstante, los subsidios otorgados han generado riesgos muy elevados, como el sobreendeudamiento público, que pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países para una reconstrucción sostenible. A fines de 2020, el Perú decidió –por primera vez en su historia– lanzar un bono económico, por más de 100 años, destinado a contener la COVID-19 y a financiar parte del gasto público.

De manera progresiva, el mundo está volviendo a la ‘normalidad’, pero la crisis sanitaria y económica continúa golpeando a las personas más pobres del mundo, que no solo han vivido dos años extraordinariamente difíciles, sino que ahora enfrentan una grave inflación por los efectos de la reciente guerra en Ucrania.

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El Banco Mundial señala que esa crisis combinada empujó a entre 75 y 95 millones de personas más a la pobreza extrema en 2022; es decir, entre 657 y 676 millones, en comparación con proyecciones anteriores a la pandemia, cuando la cifra ascendía a 581 millones.

El incremento de los precios de los alimentos y los combustibles se ha acelerado, y estas dramáticas cifras resultan más desoladoras al conocerse que los grupos más desfavorecidos son aquellos que tienen los niveles de educación más bajos, especialmente los más jóvenes y las mujeres.

El resultado es que, según el Banco Mundial, con estas cifras de pobreza no alcanzaremos los objetivos planteados al 2030. Para hacerlo deberíamos crecer a tasas inusuales y alcanzar un PIB per cápita anual de 9%, algo considerado imposible. El 40% más pobre de la población mundial sufrió el doble de impacto negativo en sus economías que el 20% más rico. La nueva línea de pobreza se ha elevado hoy a US$ 2.15 al día.

En este contexto sombrío para millones de personas en el planeta, será crucial que países en vías de desarrollo inviertan en mejorar sus servicios de salud y educación para volver a encontrar el paso perdido durante la pandemia.

Aun así, en medio de disparidades sociales y económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reportado un hito: el PIB mundial ha superado la marca de los 100 billones de euros, y se espera que la economía global alcance los 104 billones. En 2020 fue de 88 billones de euros.

Es impresionante que solo cuatro países (Estados Unidos, China, Japón y Alemania) representen más de la mitad de la producción económica mundial. De hecho, el PIB de EE. UU. por sí solo ya es mayor que el PIB combinado de 170 países, y el capital de la empresa Apple es más grande que todo el PIB de África.

*Tomado del libro “Educación con futuro. Libertad y valores” de Raúl Diez Canseco Terry

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