Por: Raúl Diez Canseco Terry *
Según un informe reciente del Banco Mundial (BM), la región latinoamericana vive hoy la mayor crisis de la educación de la historia. Y el Perú no es una excepción. El cierre de las escuelas que tuvimos el 2020, por casi dos años a raíz de la pandemia ha dejado secuelas en la población escolar y ha acrecentado la brecha social educativa que ya teníamos en este campo.
La tecnología y la educación híbrida lograron cumplir con el desarrollo de las clases, pero el problema fue que en general los colegios públicos no estuvieron preparados para enfrentar el cierre de las escuelas y activar de inmediato la educación remota. Lo grave es que el impacto de la pérdida de clases presenciales no solo se reflejará en la etapa escolar, sino a lo largo de la vida adulta.
El estudio del BM “Dos años después: salvando a una generación”, calcula una disminución en los ingresos de los futuros ciudadanos afectados por el cierre de colegios del 12 % desde el momento en que pasen a formar parte de la población económicamente activa. Lo que hoy dejamos de estudiar tiene un costo en nuestros ingresos futuros.
Los más afectados son los escolares de los primeros años de primaria y los que se encuentran en una situación de pobreza y pobreza extrema. En comprensión lectora y matemática, por ejemplo, los sectores vulnerables han retrocedido más de diez años. ¿Cómo salvar a estas nuevas generaciones de peruanos del futuro incierto que les espera? ¿Qué debe hacer el Estado para reparar el daño y evitar la condena social de millones de ciudadanos?
No hay forma de hacerlo sin una reforma profunda en el sector Educación, teniendo como eje la capacitación de los profesores y la mejora de la infraestructura educativa. Actualmente tenemos más de 100 mil escuelas primarias y secundarias de educación básica regular, de las cuales 77 % son públicas y 23 % privadas. Además, tenemos el indicador de que del 1’350,000 niñas y niños, entre los 6 y 36 meses, el 43.6 %, padecen anemia.
Esto significa que debemos empezar por fortalecer la educación inicial con una política nutricional en todo el país. En ella deben participar los gobiernos regionales y locales, los ministerios, las entidades educativas y la familia. Tenemos que asociar alimentación con escuela o, mejor aún, nutrición con aprendizaje.
En el aspecto pedagógico también debemos asumir como política de Estado, el concepto de educación continua, es decir, a lo largo de todo el ciclo de vida de la persona. Respetar, por supuesto, la diversidad del país y sus riquezas al integrar armoniosamente las diferentes realidades, tradiciones y culturas, y mejorar la infraestructura educativa, dotándolas de estándares que garanticen un nivel de educación contemporánea.
Conversando con auténticos maestros preocupados por el futuro de la nación, coincidimos en la necesidad de dotar a las escuelas de laboratorios y materiales digitales, así como de bibliotecas virtuales. Lograr la conexión de internet al 100% en todas las instituciones educativas públicas y privadas del país debiera ser parte del presupuesto general de la República 2023.
Más de 700 mil maestros de las escuelas públicas y privadas están esperando programas de capacitación con la finalidad de crear una sana meritocracia que respalde una auténtica y justa escala salarial de los profesores.
La recuperación educativa debe formar parte de la agenda pública, entendida no solo como un acto pedagógico, sino como un factor clave para la recuperación social y económica. Esto quiere decir que debemos reintegrar a todos los estudiantes que han abandonado la escuela y asegurar que permanezcan en ella. No es justo que tras la pandemia millones de compatriotas paguen las consecuencias de una pésima gestión educativa desde el Estado.
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* Ex primer vicepresidente del Perú.
Fuente: Diario Expreso, sección Opinión, martes 26 de julio de 2022